El auge de los recursos energéticos distribuidos –como techos solares, vehículos eléctricos o bombas de calor–, la aparición de nuevos modelos de negocio como los agregadores de demanda, y la mayor competitividad de tecnologías para electrificar y digitalizar actividades intensivas en energía, están redefiniendo el sector. Aunque el proceso de electrificación del transporte y la calefacción está comenzando, promete transformar la gestión energética, otorgando a los consumidores un rol protagónico en la generación y administración de su energía.
Estos avances presentan desafíos y oportunidades estratégicas para Chile, permitiendo reposicionar a la energía como un motor de desarrollo e inversión. En este escenario, la confiabilidad, seguridad y resiliencia del sistema eléctrico son preocupaciones clave. No obstante, la regulación actual está desactualizada frente a los cambios tecnológicos, lo que dificulta la integración de estas innovaciones.
Es clave avanzar “en una reforma a la distribución que mejore la calidad de servicio, reduciendo la frecuencia y duración de las interrupciones; y recuperar la confianza y revisar el diseño institucional del sector eléctrico”.
Además, la erosión de la confianza pública y la legitimidad del sector eléctrico debido a interrupciones del suministro, como el apagón de febrero 2025 o eventos climáticos extremos como los de agosto 2024, y las demoras en la expansión de la red de transmisión han tensionado el funcionamiento del sistema y puesto en evidencia sus limitaciones operativas y regulatorias. A ello se suma la controversia tarifaria, que profundizó la preocupación ciudadana. Esto se ha visto agravado por un debilitamiento de las capacidades técnicas de los organismos clave para el buen funcionamiento del sector energía.
Recientemente, el Centro UAI de Soluciones Empresariales para el Desarrollo (SEDE) en conjunto con Icare y el apoyo del Centro UAI de Transición Energética, desarrollaron el ciclo de diálogo y trabajo “Crecer con Energía”, que reunió a un grupo diverso de líderes y expertos, que priorizaron dos propuestas fundamentales y urgentes para avanzar en paralelo.
Primero, una reforma a la distribución que mejore la calidad de servicio, reduciendo la frecuencia y duración de las interrupciones de suministro. Esta reforma debe combinar ajustes de corto plazo que incentiven inversiones en digitalización, calidad y resiliencia de la red, con medidas que faciliten la integración de recursos energéticos distribuidos.
En segundo lugar es clave recuperar la confianza y revisar el diseño institucional del sector eléctrico. Errores recientes en el cálculo de tarifas han generado conciencia pública sobre la necesidad de instituciones más sólidas y técnicamente capacitadas. Esta revisión es necesaria para avanzar todas las reformas técnicas del sector.
El grupo identificó además otras reformas pendientes como la modernización del mercado mayorista, que es prioritaria desde lo técnico, pero su implementación parece compleja. Asimismo, se propone expandir y fortalecer instrumentos tipo impuesto verde a más sectores de la economía, más allá del eléctrico, reducir gradualmente beneficios tributarios al diésel en transporte e invertir de forma selectiva en redes de distribución donde el retorno social sea alto y habilite electromovilidad y calefacción eléctrica.
Solo así podremos asegurar un futuro energético sostenible y confiable para Chile.
Este artículo, publicado en Diario Financiero Online el 23 de diciembre de 2025, presenta un diagnóstico urgente y una hoja de ruta para el próximo gobierno chileno en materia energética. Su tono es técnico pero accesible, y su propósito es claro: alertar sobre la necesidad de una profunda reforma institucional y regulatoria para adaptar el sistema eléctrico a la nueva realidad energética.
Conclusión General: El artículo es una llamada de atención bien fundamentada. No se trata de una simple lista de deseos, sino de un plan de acción con prioridades claras y un reconocimiento realista de los obstáculos (especialmente los institucionales). La idea central es que Chile tiene una oportunidad única: convertir los desafíos actuales en una ventaja competitiva al liderar la transición energética en América Latina. Para lograrlo, sin embargo, se requiere voluntad política, inversión estratégica y, sobre todo, una reforma profunda que ponga a las instituciones al servicio de una energía más limpia, confiable y justa. El éxito de esta transición será un indicador clave del desempeño del próximo gobierno.
El actual modelo de expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), centrado en la sobredimensión de infraestructura de transmisión y en marcos regulatorios obsoletos, ha derivado en tarifas eléctricas entre las más altas de América Latina, con una carga desproporcionada impuesta por los costos de transmisión y distribución—que superan el 40 % de la tarifa final. Este enfoque no solo es económicamente ineficiente, sino técnicamente insostenible frente a la emergencia climática y al potencial único de Chile en recursos solares.
La optimización del SEN mediante almacenamiento distribuido no es una alternativa marginal, sino el eje central de una transformación sistémica necesaria. Al integrar baterías en el lado del consumidor—especialmente en sistemas solares autónomos sin inyección a red—es posible suavizar la demanda pico, reducir drásticamente la necesidad de líneas de alta tensión sobredimensionadas y minimizar las pérdidas técnicas y comerciales. El almacenamiento distribuido, combinado con generación solar descentralizada, permite reemplazar inversiones multimillonarias en transmisión (como el proyecto Kimal-Lo Aguirre, estimado en USD 1.500 millones) por soluciones modulares, resilientes y de menor costo nivelado (LCOE < $50/kWh frente a los $230/kWh del sistema centralizado en la Región Metropolitana).
Este enfoque constituye el núcleo de un Plan para Reducir Tarifas Eléctricas en Chile:
Chile posee el mayor potencial solar del planeta. Aprovecharlo de forma distribuida no solo reduce costos, sino que democratiza el acceso a la energía, fortalece la seguridad del suministro y reduce la vulnerabilidad ante fallas sistémicas. La transición no requiere subsidios, sino marcos regulatorios inteligentes que reconozcan que la mejor energía es la que no se transmite, sino la que se produce y consume localmente.
En este nuevo paradigma eléctrico, el rol del Estado no es financiar megaproyectos de transmisión, sino garantizar un entorno normativo que fomente la innovación, la competencia y la soberanía energética ciudadana. Solo así Chile podrá alinear su sistema eléctrico con los principios de eficiencia, equidad y sostenibilidad que la transición energética exige.